El sector asegurador actúa como una auténtica red de protección tanto para las personas como para las empresas, y es un pilar fundamental en la construcción de un país más resiliente. Su compromiso con la sostenibilidad se refleja en todos los ámbitos: ambiental, social y de gobernanza (ASG).

Ante los efectos del cambio climático, el seguro juega un papel esencial: fomenta la prevención, ofrece apoyo económico tras un siniestro y contribuye a la reconstrucción. Pero su labor no se queda ahí. Como gran inversor institucional, el sector asegurador también impulsa la transición hacia una economía más verde y justa, canalizando fondos hacia proyectos sostenibles.

En lo social, el seguro acompaña a las personas en todas las etapas de su vida, cuidando su salud, ayudando ante imprevistos como accidentes o enfermedades, facilitando el ahorro y protegiendo su patrimonio, desde el hogar hasta el negocio. Gracias a su labor, se reducen desigualdades y se fortalece la cohesión social. Además, es un generador de empleo estable, de calidad, y un sector abierto al talento y la igualdad de oportunidades.

En cuanto a la gobernanza, las aseguradoras operan bajo uno de los marcos normativos más rigurosos y transparentes. Promueven activamente la educación financiera con iniciativas como Estamos Seguros o El riesgo y yo, y priorizan siempre la protección del cliente. También participan en alianzas como FINRESP, junto a otras entidades clave del sistema financiero, y desarrollan acciones solidarias, tanto de forma individual como sectorial. Un claro ejemplo de acción colectiva es el Fondo Solidario del Seguro, iniciativa cuyo objetivo es canalizar ayudas económicas del sector asegurador para hacer frente a situaciones excepcionales o de emergencia social, a través de programas de investigación o de apoyo a colectivos vulnerables.

El seguro es un sector muy competitivo que necesita adaptarse constantemente a las necesidades de sus clientes. Para lograrlo realiza una apuesta decidida por la digitalización. La inteligencia artificial y el big data son una realidad en el sector y constituyen una de las principales palancas para transformar el negocio y competir en un entorno cada vez más complejo.

La clave de la gestión aseguradora reside en la gestión de los datos. El seguro ha fundamentado su actividad, desde sus inicios, en las leyes de los grandes números. La probabilidad y la estadística han permitido mutualizar el riesgo y garantizar la protección ante cualquier eventualidad.

En plena era digital es necesario que la normativa tenga en cuenta esta realidad y permita la evolución de la digitalización y la innovación en el sector asegurador, todo ello en un marco de respeto de la competencia y de la igualdad entre todos los operadores.

Este ejercicio debe, además, completarse con una revisión en profundidad de la actual normativa al objeto de liberarla de formalismos y obsolescencias innecesarios y de obstáculos que pueden impedir la integración del sector asegurador en la era digital.

En este sentido, el proceso de simplificación normativa iniciado por la Comisión Europea se presenta como una oportunidad única para lograr este objetivo. Solo a través de una legislación proporcionada, eficiente y tecnológicamente neutra las entidades podrán poner los avances tecnológicos al servicio de sus clientes y proporcionar productos y servicios que se adapten a sus demandas y necesidades presentes y futuras.

UNESPA considera también necesario concienciar a la sociedad frente a los riesgos cibernéticos y una promoción de la ciberseguridad, especialmente entre las pymes.

Los españoles tienen una de las esperanzas de vida más altas de la UE y una de las tasas de fertilidad más bajas. La longevidad es una excelente noticia para la sociedad porque es reflejo de la mejora del nivel de vida, pero el envejecimiento demográfico resultante plantea importantes desafíos en materia de pensiones, salud y dependencia.

Contar con un buen sistema de previsión social para la jubilación, que permita a los jubilados mantener un buen nivel de vida cuando alcanzan esta etapa, es un elemento esencial del Estado del bienestar. El desafío del envejecimiento se puede resolver si se actúa con suficiente anticipación.

Para garantizar el bienestar de los mayores es necesario que las personas jubiladas dispongan de varias fuentes de ingresos. La pensión pública (primer pilar) debe seguir siendo el principal ingreso de los jubilados, pero la mayoría de las personas no conocen que la pensión pública que reciban cuando se retiren del mercado laboral será normalmente inferior al último salario que percibían (brecha de pensiones).

Para no perder capacidad económica en esa etapa de la vida, resulta fundamental que dicha la pensión pública se complemente con sistemas de previsión social empresarial (segundo pilar) y con instrumentos de previsión y ahorro individual (tercer pilar).

El modelo de previsión social sustentado sobre tres pilares (pensión pública, ahorro colectivo y ahorro individual) es el que establece la Constitución Española, el que tienen implantado los países más desarrollados de la UE y es el que figura en todas las recomendaciones de las principales instituciones europeas e internacionales como el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y la OCDE. La pensión pública y el ahorro privado para la jubilación, ya sea de empresa o individual, se complementan. La combinación de estos tres elementos es la clave de un sistema de bienestar de un país desarrollado.

Por ello resulta fundamental que desde los poderes públicos se fomente adecuadamente en España el ahorro y la previsión social complementaria, dado que el ahorro acumulado en pensiones complementarias sobre el PIB (segundo y tercer pilar) en el país es notablemente inferior a la media de la Unión Europea.

Además de fomentar el ahorro para la jubilación, se debe también incentivar que el ahorro se perciba o se transforme en forma de renta vitalicia asegurada, dado que es el instrumento que mayor grado de complementariedad presenta con la pensión pública (la renta se cobra mes a mes hasta la muerte del asegurado, viva éste lo que viva). Debe promoverse, asimismo, el que los ciudadanos se protejan frente al riesgo de dependencia, dado que esta situación genera mayores necesidades de ingresos en los últimos años de la vida de las personas.

La industria aseguradora ofrece todo tipo de fórmulas para abordar la jubilación. Seguros de ahorro, planes de pensiones, planes de previsión asegurados, seguros colectivos, rentas vitalicias, seguros de dependencia… Todos estos productos ofrecen vías para generar una fuente de ingresos complementaria a la pensión pública.

El acceso a la atención sanitaria es uno de los pilares del bienestar de los ciudadanos españoles. El acceso a la sanidad pública está garantizado, pero el envejecimiento de la población constituye una presión sobre los presupuestos del Estado. Con el fin de garantizar el mejor servicio posible con los recursos disponibles, el seguro lanza varias propuestas a los poderes públicos. Por un lado, el seguro sugiere establecer marcos de colaboración público-privada donde la atención sanitaria sea prestada por el actor que sea más eficiente, al tiempo que se mantiene la universalidad del acceso al servicio. La creación de estos acuerdos permitiría:

• Reducir la factura sanitaria o, lo que es lo mismo, atender a más gente y mejor con la misma cantidad de dinero.
• Reducir las listas de espera y mejorar la calidad de la atención a los pacientes.
• Disponer de las mejores infraestructuras para la atención sanitaria.

Por otra parte, se pueden fijar diversos incentivos fiscales en favor de los seguros privados de salud con el fin de reducir la carga de personas que recurren a la sanidad pública. A fin de cuentas, todo paciente que es atendido por esta vía no genera gasto para la red sanitaria del Estado. También se propone mejorar el sistema de financiación de las mutualidades de funcionarios (MUFACE, MUGEJU e ISFAS) dada su positiva experiencia y que el 74% de sus miembros elige el seguro privado. El seguro aboga, en definitiva, por optimizar los recursos sanitarios disponibles, sean estos públicos o privados. Solo así se podrá atender a la mayor cantidad de gente posible de la mejor manera posible.

En el ámbito de los accidentes de tráfico, el sector asegurador cuenta con convenios para la prestación de la asistencia sanitaria a las personas afectadas. Colabora tanto con los servicios de salud de las distintas comunidades autónomas como con los distintos actores de la sanidad privada.

El seguro es la red de seguridad que abarca todo el tráfico rodado. Conductores, ciclistas y peatones se desplazan por calles, caminos y carreteras sabiendo que, si se produce un accidente y alguien sale dañado, ahí estará el seguro para atenderles y reparar ese daño. La industria aseguradora conoce a fondo la realidad de la movilidad y los accidentes de tráfico. Por eso, es una firme defensora de todas las medidas que, tanto desde las autoridades como por parte de la sociedad civil, se pongan en marcha para facilitar la convivencia entre las distintas formas de desplazarse. Incluidas las nuevas formas de movilidad personal. La industria aseguradora estará siempre ahí, respaldando la prudencia y la cultura de la prevención, así como las medidas de seguridad vial. Incentivando que exista un marco de protección y aseguramiento que tenga presente todas las maneras de desplazarse y que ofrezca distintas modalidades de seguro, tanto obligatorios como voluntarios. Fomentando el seguro y la contratación de las nuevas coberturas que se ofrezcan en el mercado, se conseguirá el fin último que se pretende, es decir, una mayor protección de las víctimas y del patrimonio del asegurado.

El seguro lleva en su ADN el compromiso de atención a sus clientes. Para ello, dispone de todo tipo de medios y recursos. A la atención telefónica e internet hay que añadir un extenso mapa de puntos de atención presencial repartidos por toda España (oficinas propias, mediadores y sucursales bancarias, entre otros).

Esta cercanía permite gestionar las necesidades de los clientes y atender eficazmente cualquier petición, consulta o incidencia que tengan.

El sector asegurador dispone desde hace más de 20 años de un servicio de atención al cliente (SAC) de primer nivel que permite atender y resolver las reclamaciones en un plazo de 20 días.

Adicionalmente, los clientes de seguros se benefician de la protección reforzada que supone formar parte de un sector regulado que cuenta con una normativa específica relativa al contrato de seguro y cuya actividad se encuentra supervisada por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP).

Por todo ello, UNESPA considera que cualquier iniciativa general en materia de consumidores debe respetar las particularidades y especialidades del sector asegurador (como son convenios y plataformas sectoriales para la liquidación de siniestros, procedimientos extrajudiciales para atender reclamaciones…) que por la especial naturaleza de su actividad y su extensa regulación es garantía de una correcta atención a sus clientes.

Uno de los grandes desafíos que enfrenta la sociedad española es cerrar la brecha de protección. Y esto va mucho más allá de contratar un seguro: se trata de garantizar que todas las personas, familias y negocios estén cubiertos, y que esa cobertura sea adecuada, actualizada y ajustada a los riesgos reales hoy existentes.

Fomentar la contratación de un seguro, especialmente entre quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, es esencial. Contar con una póliza no es solo una herramienta financiera para recuperar pérdidas: es también una red de seguridad que aporta tranquilidad, continuidad y estabilidad ante la incertidumbre.

Pero estar asegurado no siempre significa estar suficientemente asegurado. Muchas pólizas se quedan desfasadas con el tiempo: no se actualizan con las reformas realizadas en la vivienda, con los bienes adquiridos o con la evolución de los riesgos. La diferencia entre una póliza desactualizada y una bien diseñada puede ser determinante a la hora de enfrentar un desastre. Por eso, parte fundamental del cierre de la brecha de protección es fomentar la cultura de revisión periódica y adecuación de coberturas.

Al mismo tiempo, asegurar bien no puede desligarse de prevenir mejor. Porque cuanto más pueda la sociedad anticiparse al daño, menor será la necesidad de compensarlo después. Aquí es donde el seguro deja de ser solo una respuesta económica y se convierte también en un aliado estratégico de la prevención.

El seguro valorará siempre positivamente iniciativas como la construcción de diques, la limpieza regular de cauces fluviales, el cumplimiento de normativas de edificación adaptadas al riesgo sísmico, la supervisión de infraestructuras críticas como centrales nucleares o plantas químicas, y el mantenimiento riguroso de redes hidráulicas y energéticas. Todas estas acciones reducen el riesgo, mejoran la asegurabilidad y fortalecen la resiliencia colectiva.

En definitiva, el seguro hará todo lo que está en su mano para evitar que se produzca un desastre o, si esto no es posible, minimizar los daños que genere un acontecimiento catastrófico.

Por eso, el camino hacia una sociedad más segura y preparada exige un doble compromiso: asegurar más, asegurar mejor y prevenir con inteligencia y anticipación. Solo así se podrá responder con eficacia en un mundo donde los riesgos son cada vez más complejos, interconectados… y frecuentes.

El seguro constituye el mecanismo de protección diseñado para protegerse frente a los desastres de la naturaleza y las catástrofes causadas por el propio ser humano. El seguro y el reaseguro tienen un papel que jugar cuando se producen los acontecimientos más graves: terremotos, inundaciones, granizo, lluvias torrenciales, vientos de alta velocidad, embates de mar, sequías, vertidos tóxicos, radiación nuclear, atentados terroristas… Para todos estos riesgos el seguro ofrece coberturas.

Enfrentar las consecuencias económicas del cambio climático, de catástrofes naturales y antropogénicas está en el interés de cualquier sociedad desarrollada porque dichas pérdidas pueden llegar a ser muy elevadas. España, en este sentido, está en la vanguardia del aseguramiento de eventos climáticos y del resto de catástrofes naturales mediante un esquema de colaboración público-privada en el que participan el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) y las entidades aseguradoras, que ha demostrado su utilidad sobradamente en el último medio siglo.

Por un lado, las entidades aseguradoras se encargan de ofrecer cobertura climática frente a fenómenos atmosféricos como la lluvia, la nieve, el granizo y los vientos inferiores a 120km/h. Por otro, el CCS asume la cobertura por los daños provocados por inundaciones, tornados, rachas de viento superiores a los 120 km/h, terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas e incluso la caída de meteoritos.

Eso sí, para que la cobertura del CCS entre en juego, es necesario haber contratado antes un seguro privado (seguro del automóvil, hogar, industrial, comercios…). Por ello, es tan importante que la sociedad se conciencie de la importancia de estar bien asegurado, máxime teniendo en cuenta que es más que previsible que este tipo de catástrofes vayan en aumento.

No obstante, frente a enemigos tan fuertes e impredecibles como las catástrofes, nunca todo está hecho. Hace falta reflexionar sobre la necesidad de contar con un mecanismo permanente que, en casos de desastres de gran magnitud se active para dar una respuesta temprana y eficaz a los afectados.